Por Kathleen Ruff
Exdirectora del Court Challenges Program of Canada (ccp) y de la Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos de Columbia Británica. Fue la fundadora y editora del Canadian Human Rights Reporter. Coordinadora de la Alianza del Convenio de Rotterdam, fundadora de rightoncanada.ca y asesora principal de derechos humanos del Instituto Rideau de Asuntos Internacionales.
Traducción del texto original en inglés «Scientific articles, intended to cast doubt on harm caused by chrysotile asbestos, were potentially part of a crime-fraud» (2013), publicado en RightOn Canada. Recuperado de http://bit.ly/2TmVjEj.
Texto original en español publicado en ASBESTO EN COLOMBIA: Fundamentos para el debate.
La periodista y activista de derechos humanos canadiense, denuncia el comportamiento corporativo de la industria del asbesto al filtrar documentos en revistas con concejos editoriales proclives al sesgo; ella señala puntualmente que las grandes corporaciones a menudo invierten estratégicamente en agendas de investigación, cuyo objetivo es desarrollar un cuerpo de conocimiento científico favorable a un interés económico particular o útil, para defenderse contra demandas particulares de responsabilidad legal, y aunque para algunos académicos estas declaraciones sean simples datos anecdóticos, estas terminan siendo las fuentes que alimentan los análisis del estado del arte en temas relacionados con el asbesto, sembrando la literatura científica con estudios financiados por la propia industria para afectar la veracidad de las conclusiones que emiten los expertos. Este es, puntualiza ella, el problema de nuestro tiempo.
INTRODUCCIÓN
En una poderosa decisión, un tribunal de apelaciones de Nueva York encontró que 11 artículos, publicados en revistas científicas, fueron potencialmente parte de un delito de fraude. Los artículos, financiados por Georgia-Pacific, tenían la intención de arrojar dudas sobre la capacidad del asbesto crisotilo para causar cáncer.
El 6 de junio de 2013, cinco jueces de un Tribunal de Apelaciones de Nueva York dictaminaron de manera unánime (New York Supreme Court, Appellate Divison, 2013) que Georgia-Pacific (GP) debe permitir una revisión (privada) en cámara de documentos y datos brutos relacionados con 11 estudios de investigación publicados y financiados por GP, relativos a los efectos sobre la salud del compuesto para masillas de esta empresa —un producto utilizado en la construcción—, el cual contiene asbesto.
El tribunal de apelación rechazó el argumento de GP de que los documentos estaban protegidos por el privilegio del sigilo entre abogado-cliente, por lo que no deberían divulgarse. Normalmente, el privilegio del sigilo abogado-cliente se considera sacrosanto en Estados Unidos. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, ese privilegio puede anularse. Los jueces de apelación decidieron que se trataba de una situación excepcional y confirmaron una decisión judicial anterior que dictaminó que debe ejecutarse una revisión a puerta cerrada de los documentos, para determinar si se aplica la excepción de fraude delictivo al privilegio del sigilo abogado-cliente.
Los cinco jueces observaron que la excepción de fraude delictivo comprende «un plan fraudulento, una supuesta violación del deber fiduciario o
una acusación de otra conducta ilícita» (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013).
Los consejos para el cumplimiento de un objetivo fraudulento o ilegal no pueden considerarse sólidos. Más bien, el asesoramiento en el cumplimiento de tales objetivos es socialmente perverso, y las comunicaciones del cliente que buscan tal consejo no son dignas de protección. (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013)
GP financió estos estudios en 2005 para ayudarse en su defensa de las demandas relacionadas con el asbesto, los cuales se presentaron falsamente como investigaciones independientes y se publicaron en las siguientes revistas científicas: Inhalation Toxicology, Journal of Occupational & Environmental Hygiene, Annals of Occupational Hygiene y Risk Analysis. En efecto, el tribunal señaló que los estudios tenían la intención de arrojar dudas sobre la capacidad del asbesto crisotilo para causar cáncer y que los autores no revelaron la participación y sugerencias del abogado de GP en largas discusiones sobre el contenido de los manuscritos antes de la publicación. Incluso, dos artículos afirmaron que «[GP] no participó en el diseño del estudio, el análisis de los datos o la preparación del manuscrito» (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013) y la afirmación de David Bernstein de que su investigación fue «patrocinada» por una subvención de gp resultó falsa. En realidad, no existieron tales subvenciones y Bernstein fue contratado por GP en una tarifa por horas.
Asimismo, el tribunal declaró que la única revelación sobre conflictos de interés en tres artículos liderados por David Bernstein y coescritos por Stewart Holm, fue que la investigación era «patrocinada» o «respaldada» por una beca de GP. Los artículos no explicitaron que Holm fue contratado especialmente por gp para los litigios por asbesto o que él informaba al abogado interno de la empresa. Los artículos tampoco informaron que Bernstein hubiese sido testigo experto de GP en el litigio por asbesto del Condado de Nueva York desde 2009, que había testificado como experto en defensa de Union Carbide Corporation en litigios sobre asbesto o que había recibido pago y hablado en nombre del Instituto del Crisotilo, el brazo para cabildeo de la industria minera del crisotilo en Quebec.
Si bien Bernstein se presenta como un científico independiente, él ha sido financiado durante décadas y ha trabajado en estrecha colaboración con la industria del asbesto en todo el mundo. Por ejemplo, en agosto de 2012, Bernstein fue llevado por el lobby brasileño del asbesto para testificar ante
la Corte Suprema de Brasil, en apoyo de la industria y su negativa a que el asbesto crisotilo debería ser prohibido.
El tribunal de apelación también señaló que, aunque GP se esforzó tardíamente a abordar las deficiencias de algunas de sus divulgaciones, sus correcciones no reconocieron la participación de su abogado interno y no aclararon que el testimonio del doctor Bernstein como testigo experto precedió a la publicación del primer artículo sobre el compuesto para masilla de GP, reformulado en 2008.
De acuerdo con los jueces de apelación, lo anterior constituye una base fáctica suficiente para concluir que las comunicaciones relevantes podrían haberse realizado en fomento de un fraude y el tribunal de mociones confirmó la recomendación de proponer la revisión en cámara de los documentos internos. Los jueces citaron la observación del tribunal anterior sobre lo preocupante que es la participación tan íntima del abogado interno de GP en estudios científicos —los cuales deberían ser objetivos—, especialmente a la luz de las negaciones de GP de dicha participación.
Los jueces de apelación citaron una sentencia judicial que dice que «las grandes corporaciones a menudo invierten estratégicamente en agendas de
investigación, cuyo objetivo es desarrollar un cuerpo de conocimiento científico favorable a un interés económico particular o útil, para defenderse contra demandas particulares de responsabilidad legal» (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013). También citaron la sentencia del caso contra la British American Tobacco: «la publicación de los hallazgos y conclusiones [de la investigación] invita al uso de personas a quienes los hallazgos favorecen y a la confianza de los que buscan los hechos. El público tiene interés por resolver disputas sobre la base de información precisa» (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013). En el presente caso, GP encargó los estudios en anticipación a un litigio y admitió que «[en] un momento apropiado y después de que se hubiere completado su publicación, GP planeaba presentar los resultados de los estudios en litigio» (New York Supreme Court, Appellate Division, 2013).
Finalmente, el tribunal de apelación declaró que los principios de imparcialidad requieren una divulgación más completa y que no se debe permitir
que GP use las conclusiones de sus expertos como una espada al sembrar la literatura científica con estudios financiados por la misma empresa, mientras que usa el privilegio como escudo al retener los datos brutos subyacentes, los cuales podrían ser objeto de escrutinio por parte de la parte contraria y afectar la veracidad de las conclusiones de sus expertos.
RESPONSABILIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Las revistas científicas que publicaron los artículos son Inhalation Toxicology (cuatro artículos), Journal of Occupational & Environmental Hygiene (cuatro artículos), Annals of Occupational Hygiene (dos artículos) y Risk Analysis (un artículo).
Estas cuatro revistas científicas fueron supuestamente engañadas para que publicaran artículos manipulados, controlados y financiados por la industria del asbesto como si se tratara de investigaciones científicas legítimas e independientes. Por lo tanto, las revistas engañaron y les fallaron a sus lectores sin saberlo. Es importante que estas cuatro revistas científicas publiquen una disculpa a sus lectores, eliminen los artículos de sus sitios web y archivos y los reemplacen por una declaración que explique la razón de la eliminación.
Así, es de esperar que científicos y defensores de la salud, preocupados por la integridad de la ciencia y la protección de la salud, se pongan en contacto con las revistas, haciendo esta solicitud y publicando la respuesta que reciban.
LISTA DE LOS ARTÍCULOS FRAUDULENTOS
Los 11 artículos que se acaban de listar fueron citados en declaraciones judiciales por Stewart Holm, director de Toxicología y Manejo Químico de GP,
como «investigación basada en litigios» (O’Neill, 2013, p. 1). Según el tribunal y como ya se mencionó, los documentos no eran enteramente el producto de mentes científicas independientes, sino que la empresa contrató a un grupo de expertos, quienes reportaban a los abogados de GP. El análisis permitió observar que los autores no revelaron que el asesor jurídico de GP desempeñó un papel significativo en la preparación de los estudios, pues participó en largas discusiones de los manuscritos y sugirió revisiones. Seth Shulman, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), explicó la importancia de este asunto:
¿Por qué preocuparse por un montón de artículos técnicos en revistas científicas arcanas? Debido a que, como señaló el tribunal, hay indicios de que esos estudios fueron una mala información plantada deliberadamente para poner en duda la naturaleza carcinogénica del asbesto crisotilo, un componente del joint compound de Georgia Pacific para trabajos de construcción. (O’Neill, 2013, p. 3)
Stewart Holm fue coautor de los tres documentos publicados en Inhalation Toxicology y coautor de casi todos los estudios. En una declaración de junio de 2011 a la Corte Suprema de Nueva York, Holm dijo que había sido «especialmente contratado» por GP en 2005 para «prestar servicios de consultoría especializada en relación con los litigios pendientes y venideros relativos a la supuesta exposición al asbesto» (O’Neill, 2013, p. 3). Según el tribunal de apelación, Holm reveló que trabajó «bajo los auspicios» de los abogados internos de la compañía, «que también participaron significativamente en el proceso de revisión previa a la publicación » (O’Neill, 2013, p. 3). Una condición que Holm describió es que cualquier
publicación de esta «investigación basada en litigios» tenía que ser aprobada por el principal abogado litigante de GP, John Childs (O’Neill, 2013, p. 3).
Los jueces de Nueva York adoptaron una opinión muy diferente y exigieron la divulgación de los datos relativos a los estudios con plena justificación, debido a que el caso involucraba «un esquema fraudulento, un supuesto incumplimiento del deber fiduciario o una acusación de conducta inapropiada» (O’Neill, 2013, p. 4). La corte agregó que los documentos en los que Donaldson era coautor no hicieron revelaciones importantes, pues no hizo mención alguna «de que Holm fue empleado especialmente por gp para el litigio de asbesto o que él reportaba al abogado residente de la compañía» (O’Neill, 2013, p. 4).
Los seis coautores (Bernstein, Rogers, Sepúlveda, Decker, Gaering y Kuzendorf) recibieron pagos de GP por un total de US$ 2.3 millones, como informó la corte. Holm estimó que Donaldson había recibido alrededor de us$ 6000 (O -Neill, 2013).
Por otro lado, estos documentos de la Corte Suprema de Nueva York no solo involucran al profesor Donaldson. El más reciente dice que su testimonio
sería sobre «conceptos respecto de la dosis, el aclaramiento, la biopersistencia y cómo el cuerpo reacciona de forma diferente al crisotilo» (O’Neill, 2013, p. 5), comparado con otras formas de asbesto, incluyendo la aseveración de que «las fibras cortas de crisotilo no son una causa potente de la enfermedad en seres humanos y, en dosis bajas, no se espera que causen enfermedad en absoluto, incluyendo el mesotelioma» (O’Neill, 2013, p. 5).
REFERENCIAS
O’Neill, R. (2013). Dust storm: «crime-fraud» allegations cloud conference. Hazards Magazine,
(123). Recuperado de http://bit.ly/2GWsLeY.
Ruff, K. (2013). Scientific articles, intended to cast doubt on harm caused by chrysotile asbestos, were potentially part of a crime-fraud. Ottawa: RightOn Canada. Recuperado de http://bit.ly/2TmVjEj. New York Supreme Court, Appellate Division. (6 de junio de 2013). In the matter of New York City Asbestos Litigation. Weitz & Luxenberg P. C. et al., respondents, v Georgia-Pacific LLC, appellant. New York State Law Reporting Bureau. Recuperado de http://bit.ly/2VwJoBd.